El gobernador de la provincia de Buenos Aires cuestionó duramente el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Afirmó que la iniciativa carece de fundamentos claros y podría generar más incertidumbre en la economía.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió con dureza al programa del ARCA presentado por el Gobierno nacional. En sus declaraciones, consideró que se trata de “mucho ruido y pocas nueces”. 

El blanqueo permanente tiene un objetivo claro “conseguir dólares para engrosar las reservas del Banco Central, tal como lo exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. “Están desesperados por conseguir divisas de cualquier lado”, dijo Kicillof.

Kicillof explicó que, anteriormente, “cuando una persona realizaba gastos considerables como 50 mil dólares al mes o 600 mil al año sin justificación acorde a su capacidad económica, existía un sistema por el cual las instituciones podían emitir alertas a la AFIP. Sin embargo, sostuvo que actualmente no hay un régimen informático concreto que regule estos casos”, lo que limita la capacidad de control del Estado.

El mandatario recordó que los delitos relacionados con lavado de dinero, narcotráfico o evasión fiscal no son competencia de las provincias, sino del Estado nacional y de organismos federales.

También remarcó que “en el pasado, cuando se aprobaban blanqueos por ley, estos funcionaban como verdaderas amnistías: permitían que quienes evadieron impuestos regularizaran su situación “, sin enfrentar sanciones, multas ni causas penales.

En ese sentido, Kicillof recordó que “el blanqueo más grande registrado en la historia del país ya se concretó años atrás. En contraste, el actual anuncio no tiene una base legal sólida”, explicó, se trataría de un régimen simplificado en el que los fondos declarados pagan impuesto a las ganancias, pero sin una estructura jurídica clara que respalde su aplicación.

Kicillof ejemplificó su preocupación mencionando que si una persona comienza a mover 50 mil dólares por mes para comprar propiedades u otros bienes, sin poder justificar su origen, deberá dar explicaciones. 

“Tributará por esos fondos”, aseguró, aunque también advirtió que habrá que ver cómo se aplica este mecanismo a nivel legal y operativo.

Desde su perspectiva, la capacidad del gobierno provincial es muy limitada ante este tipo de maniobras. Además, indicó que “quienes antes podían reportar operaciones sospechosas ahora enfrentan mayores restricciones para hacerlo”. Por eso, insistió en que será fundamental observar cómo evoluciona este tema en el plano normativo nacional.