El 15 de noviembre de 2017, el submarino argentino desapareció en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo durante una misión de patrullaje que, en teoría, debía ser de rutina.

Recién semanas después se confirmó que no había sobrevivientes. Y un año más tarde, tras una búsqueda internacional y peritajes exigidos por los familiares, llegó la confirmación más dura: el submarino había implosionado a más de 900 metros de profundidad.

El ARA San Juan era un submarino argentino de la clase TR-1700, construido en Alemania Occidental por Thyssen Nordseewerke, botado en 1983 y puesto en servicio en 1985.

Permanecía en la Base Naval de Mar del Plata y operaba con patrullas en el Atlántico Sur, especialmente para vigilancia y control de zonas económicas exclusivas.

El 8 de noviembre de 2017, el ARA San Juan zarpa desde la Base Naval de Ushuaia rumbo a Mar del Plata, como parte de una misión de patrulla por el Atlántico sur, luego de participar de un ejercicio.

El 15 de noviembre de 2017 a las 07:31 (hora argentina) la nave informa problemas en el tanque de baterías número 3 y envía un mensaje: había entrado agua de mar, lo que generó un incendio o corto-circuito. Este mensaje fue el último contacto “oficial”.

A las 10:31 ART del mismo día, los sensores internacionales de la Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization (CTBTO) captaron un “evento acústico” consistente con implosión en el área del Golfo San Jorge. Se consideró que la nave, con sus 44 tripulantes, había sufrido una implosión.

Desde la pérdida de contacto se inicia un gigantesco operativo de rescate y búsqueda: la Armada de la República Argentina convoca a varias naciones y embarcaciones especializadas en operaciones SAR (Search and Rescue).

El 30 de noviembre de 2017 la Armada informa la finalización de la fase de rescate —las esperanzas de encontrar sobrevivientes se dan por terminadas— y se pasa a búsqueda de restos en el lecho marino.

Las familias, los oficiales navales y el país entero permanecen expectantes, con el corazón puesto en la búsqueda.

El 16 y 17 de noviembre de 2018, un año después de la desaparición, la empresa privada noruega Ocean Infinity, contratada por el Estado argentino, localiza el casco del ARA San Juan a 907 metros de profundidad, a unos 460 kilómetros al sudeste de Comodoro Rivadavia.

Las imágenes mostraron el casco implosionado, fragmentado y disperso en un área de 8.000 m² aproximadamente. La información oficial comunicó que la tripulación debía haber perdido la vida casi instantáneamente tras la implosión.

Las madres, esposas, hijos y hermanos de los 44 tripulantes transformaron el reclamo en un ejercicio de memoria colectiva: fotos, misas en la Base Naval de Mar del Plata, caravanas por la costa atlántica y discursos que denunciaban la indiferencia estatal. También se elaboraron pedidos de declaración de duelo nacional.

En 2024 se logró la declaración del “Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan”.

JUCIO

La querella presentó múltiples recursos para evitar que la causa quedara archivada. Según fuentes, existen 40 investigaciones judiciales interrelacionadas vinculadas con el ARA San Juan.

La Cámara de Casación confirmó que el juicio oral se hará en Santa Cruz, lo cual representa un avance significativo para las familias que temían dilaciones.

La sede, puntualizado por Carreras, tiene un valor simbólico. “La nave jamás arribó a puerto. El hecho ocurrió en alta mar. Aquí no era Mar del Plata”, afirma.

Los imputados —dos almirantes y dos capitanes navales— afrontan acusaciones por incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por el resultado muerte. Aún resta definir si alcanzan a los ex ministros y almirantes de mayor rango.

En paralelo, familiares denunciaron espionaje por parte de la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Mauricio Macri (AFI) sobre sus actividades de reclamo, lo cual abrió un nuevo frente judicial.

La abogada Valeria Carreras sinceró la situación: “Nunca podíamos llorar a nuestros seres queridos porque sabíamos que nos estaban escuchando”.

Los testimonios recogidos son crudos. En diciembre de 2017 un grupo de parientes se reunió con diputados en el Congreso y uno de los familiares solicitó responsabilidad y clemencia: “Quiero pedirles que muevan todos los papeles… porque son personas, con hijos, con esposas, pero sobre todo hombres de bien que fueron a proteger nuestro mar”.

LUIS MARCELO LEIVA

Luis Leiva tenía 38 años, nació en González Catán y logró formar parte de las Fuerzas Armadas a los 14 años.

Era quien se encargaba de la provisión de los insumos para los tripulantes en los navíos.

Por su parte, fue nombrado ciudadano destacado por el Honorable Concejo Deliberante.