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Se oficializaron los aumentos de gas

La medida del ENARGAS obliga a distribuidoras a reflejar nuevos valores y descuentos en las facturas. Alcanza a usuarios del AMBA.

El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas luego de aplicar una bonificación del 25% para los usuarios, en una medida que impacta sobre las facturas de hogares, comercios e industrias.

La actualización fue dispuesta por el Ente Nacional Regulador del Gas mediante las resoluciones 480/2026 y 482/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y alcanza a las distribuidoras Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A..

Según la normativa, las as deberán adecuar la facturación a los nuevos valores definidos e incorporar tanto el Precio Anual Uniforme (PAU) como las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El esquema impacta en los usuarios abastecidos por ambas firmas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con el objetivo de amortiguar el efecto de los aumentos tarifarios, especialmente en sectores residenciales y vulnerables.

Las resoluciones también establecen que, si los nuevos cuadros entran en vigencia con un período de facturación ya iniciado, se aplicarán los criterios previstos en el Reglamento de Servicio de Distribución fijado por el Decreto 2255/92. En esos casos, las boletas podrán incluir valores diferenciados según el momento del consumo.

Además, las distribuidoras deberán notificar formalmente a todos los subdistribuidores dentro de su área de concesión y presentar ante el ENARGAS la constancia de cumplimiento en un plazo de diez días.

Por su parte, Naturgy Ban S.A., la distribuidora responsable en la zona que afecta al municipio de La Matanza, fijó para los hogares de menor consumo cargos fijos superiores a los $1.500 y valores variables cercanos a los $100 por m³, que aumentan progresivamente en categorías de mayor demanda. También se prevén tarifas diferenciadas para usuarios comerciales, industriales y entidades de bien público.

La actualización forma parte del esquema de revisión tarifaria bajo el régimen de subsidios vigente, con el que el Gobierno busca compatibilizar la reducción de asistencia estatal con mecanismos de contención para los usuarios.

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