La pelea por la seguridad bonaerense entra en una etapa decisiva: el gobierno provincial negocia con intendentes, la oposición mueve fichas en la Legislatura y los municipios reclaman más poder para prevenir el delito en sus territorios.

La discusión por la creación de policías municipales en la provincia de Buenos Aires dejó de ser un reclamo aislado de intendentes y empezó a tomar forma de debate legislativo de alto impacto.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof trabaja en una reforma integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, sancionada hace casi tres décadas, la oposición presentó su primer proyecto para institucionalizar fuerzas locales bajo control de los municipios.

La iniciativa fue impulsada por Juan Esper, titular del monobloque Derecha Popular y dirigente oriundo de San Miguel.

Su propuesta plantea que cada distrito pueda adherir al régimen mediante un convenio firmado por el intendente y ratificado por el Concejo Deliberante.

Una vez cumplido ese paso, la Policía Municipal quedaría bajo dependencia directa del jefe comunal, con control funcional, administrativo, financiero y operativo.

“Es necesario dotar a los municipios de facultades y poderes para la preservación de la tranquilidad y seguridad pública. Para eso el intendente debe tener el control operacional de su propia fuerza policial”, defendió Esper al presentar el proyecto.