La justicia de Garantías de La Matanza dispuso la prisión preventiva de los 5 principales sospechosos de haber organizado una estructura clandestina para ofrecer servicios sanitarios a particulares e instituciones.

La decisión fue adoptada por el juez Rubén Ochipinti, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3, a raíz del pedido realizado por el fiscal que investiga el caso, Fernando Garate, de la UFI Descentralizada N° 1 de Laferrere.

En todos los casos, la justicia les imputa una serie de delitos con distintos montos de pena, aunque el más grave es el de asociación ilícita agravada, que tiene una pena en expectativa de 8 a 20 años de prisión.

También enfrentan cargos por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y falsificación de documentos por un total de 14 hechos.

El tema es que, una vez que el caso tomó estado público, se sumaron nuevas presentaciones al expediente en trámite.

“Se incorporaron muchos testimonios de médicos que se sintieron afectados porque se enteraron que sus sellos habían sido secuestrados: tenían más de 80 en su poder los integrantes de la organización”, precisaron voceros de la investigación.