La defensa por la universidad pública tuvo lugar en una nueva Marcha Federal Universitaria la última semana donde estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sindicales, se movilizaron en distintos puntos del país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el deterioro de las condiciones de funcionamiento del sistema educativo.

Por Giuliana Caivano

En ese contexto, Javier Trimboli, presidente de la Liga Federal Universitaria (LFU) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), sostuvo que la continuidad de las movilizaciones demuestra que el reclamo no perdió fuerza, pese al tiempo transcurrido y según detalló, la columna de la universidad reunió alrededor de 700 a 800 personas.

“Al revés de lo que se pensaba, que se iba a diluir el reclamo con el tiempo, lo que vemos es que el reclamo sigue firme, y sigue firme también nuestra comunidad universitaria”, afirmó.

Para Trimboli, la persistencia de la convocatoria está vinculada con el impacto que el ajuste comenzó a tener en la vida cotidiana de quienes estudian y trabajan en las universidades. “Los que al principio de esta gestión creían que nunca les iba a tocar, hoy todos y todas estamos viviendo en carne propia lo que es el desfinanciamiento universitario”, señaló.

Una ley aprobada que sigue sin aplicarse

Uno de los principales reclamos de la jornada fue la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, sancionada por el Congreso en 2025. La norma establece medidas vinculadas con el financiamiento de las universidades y la recomposición salarial, entre otros puntos. Sin embargo, el Gobierno nacional de Javier Milei condicionó su implementación mediante un decreto que fue cuestionado en la Justicia.

Trimboli consideró que la falta de cumplimiento de la norma profundiza el conflicto con la comunidad universitaria. “Nos encontramos con un gobierno que no cumple la ley, a pesar de haberse votado en Diputados y en el Senado, y de las dos instancias judiciales que dijeron que tienen que cumplirla”, expresó.

También se refirió a los hechos de violencia registrados durante la movilización, haciendo mención a que hubo estudiantes que fueron reprimidos.

“Por primera vez, luego de cinco marchas, la única respuesta que dio el Gobierno fue la violencia y la represión”, sostuvo. Para el dirigente por LFU, esa respuesta expresa la debilidad del Ejecutivo frente a un reclamo que, aseguró, mantiene el respaldo de amplios sectores de la sociedad.

El impacto del ajuste en la UNLaM

Al describir la situación de la Universidad Nacional de La Matanza, TrImboli aseguró que “la universidad está en su peor situación económica”. Según explicó, desde hace más de un año, se registran renuncias de docentes que dejan sus cargos porque los salarios no se actualizan en condiciones que les permitan sostener su trabajo en la institución.

El problema, advirtió, no termina con la salida de un profesor sino que la universidad del distrito enfrenta dificultades para cubrir las cátedras vacantes, lo que reduce las opciones disponibles para cursar y afecta la organización académica de los estudiantes.

La pérdida de comisiones también modifica las posibilidades de cursada ya que, si deja de ofrecerse una materia en determinado turno, los estudiantes deben adaptarse a los horarios disponibles, que no siempre son compatibles con sus obligaciones laborales o personales. De esta manera, el deterioro de las condiciones docentes repercute directamente en la continuidad de las trayectorias académicas.

A la reducción de la oferta de materias se suma el costo de sostener una carrera universitaria. En este marco, Trimboli señaló que los gastos de transporte, apuntes y alimentación condicionan la cantidad de materias que muchos estudiantes pueden cursar por cuatrimestre.

“Si no te alcanza el mango para viajar, para comprarte un café o comprarte los apuntes, no vas a poder cursar 3 o 4 materias, y eso va a hacer que tu carrera se prolongue más en el tiempo”, explicó.

“Estamos hablando de estudiantes que se forman para ser médicos, docentes para dar clases en los colegios, ingenieros que se sumen al sistema industrial argentino. Estamos hablando del futuro de nuestra patria”, expresó.

En ese sentido, advirtió sobre el pluriempleo y la precarización de quienes se dedican a la docencia universitaria y describió situaciones de profesores que, después de dar clases durante varias horas, deben realizar otros trabajos para completar sus ingresos.

“¿Queremos que un profesional universitario que se preparó muchos años para dar clases tenga que subir a un Uber para poder parar la olla o para poder comer?”, planteó.

Para Trimboli, más allá de la discusión sobre los ingresos de los trabajadores universitarios, también está en juego la calidad de la educación y la posibilidad de que los estudiantes se reciban en los plazos previstos.

Después de la 5° Marcha Federal Universitaria, desde el Centro de Estudiantes LFU piensan sostener las actividades de concientización y continuar articulando con el frente sindical, mientras se evalúan nuevas medidas de lucha.

Trimboli explicó que, además de las movilizaciones, en las universidades se realizan actividades para informar sobre la situación presupuestaria y las consecuencias del conflicto y destacó una iniciativa impulsada junto con estudiantes de otras universidades del conurbano, con la apertura de centros de formación por fuera de las casas de estudio.

“Esta batalla y esta discusión se tienen que dar no solamente en nuestras universidades, sino de cara a la comunidad”, sostuvo.

A pesar del escenario que describió como crítico frente a la violencia ejercida este jueves, Trimboli sostuvo que el reclamo no perdió legitimidad y que la participación en las marchas se mantiene ya que tal como señaló, la defensa de la universidad pública requiere continuar la organización dentro de las instituciones, pero también ampliar la discusión hacia el conjunto de la sociedad.