Tras el convenio firmado con el Obispado de San Justo y los Hogares de Cristo, la primera sede se ubicaría en la Parroquia de San José.

Con el propósito de fortalecer la presencia del Estado en los barrios populares en el municipio matancero, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, junto con el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, y el padre Nicolás Angelotti, firmaron el convenio para la apertura de la primera oficina de atención del organismo en villas y barrios populares.

El significativo hecho es consecuencia del trabajo que viene realizando el Obispado en esta materia.

Según señalaron, la sede del organismo será una nueva herramienta que se sume para fortalecer al desarrollo de la comunidad.

Según una encuesta del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que en los últimos quince años viene realizando mediciones sobre problemáticas sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), reveló que el 49,2% de los vecinos de los barrios vulnerados conoce los lugares de venta de drogas en el propio barrio, incluso en la misma cuadra.

"Se abrirá la primera oficina de atención de la Procuración General de Justicia de la PBA en barrios populares y villas de emergencia. Tras el convenio firmado con el Obispado de San Justo y los Hogares de Cristo, la primera sede se ubicaría en la Parroquia de San José", detallaron.

Eduardo García, obispo de la localidad cabecera marcó al medio La Nación la importancia del convenio, al que definió como “un paso más en el esfuerzo que hacemos en los barrios por concretar el objetivo de Tierra-Techo-Trabajo, porque la urbanización no solo son ladrillos, cloacas y techos”.

“También es el acceso a la Justicia y a otros bienes esenciales, como la educación y la salud. Tener una oficina en nuestros barrios -lugares asediados por la violencia, el narco, las amenazas, los asesinatos y problemas familiares-, donde los vecinos puedan llevar sus inquietudes y situaciones, es un avance en el proceso de dignificación de la vida de nuestros hermanos”.

García concluyó así, que “este trabajo mancomunado de la Iglesia y la comunidad organizada con el Estado es un paso adelante en el camino de la esperanza para alcanzar la vida digna”.