La expresidenta compareció en indagatoria presencial. Previamente hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

La expresidenta Cristina Kirchner declaró este martes en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos, con fuertes críticas al Poder Judicial y un discurso atravesado por definiciones políticas.

En el inicio de su exposición, denunció lo que calificó como un “manejo criminal” de expedientes judiciales y habló directamente de “prácticas absolutamente mafiosas”.

En ese sentido, apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes vinculó con irregularidades en la tramitación de causas sensibles. 

“Más mafioso no se consigue”, lanzó, y trajo a colación el caso de espionaje ilegal que tuvo como figura central al falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por esos hechos. Según sostuvo, en ese expediente quedaron expuestos vínculos y diálogos que comprometen el accionar judicial.

El inicio de la audiencia tuvo además un cruce con el presidente del Tribunal Oral, cuando le preguntaron si tenía antecedentes penales. 

Cristina respondió que se trata de información pública, pero el magistrado le indicó que debía responder conforme a lo establecido por la ley. “Sí, estoy condenada en la causa Vialidad, a la que me voy a referir ahora”, contestó la exmandataria, marcando el tono de su intervención.

Kirchner fue la primera de los 86 imputados que deberán declarar en el proceso, que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Entre los acusados hay exfuncionarios y empresarios, en una causa que se convirtió en uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial de los últimos años.

El expediente, conocido popularmente como “los cuadernos de las coimas”, se originó a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que registró durante años supuestos traslados de dinero vinculados a empresarios y funcionarios.

Sobre esa base, la fiscalía sostiene que existió una estructura sistemática de pagos ilegales a cambio de contratos estatales.