El titular de la cartera de Seguridad bonaerense desmintió al presidente Javier Milei y aseguró que la provincia de Buenos Aires redujo los homicidios año tras año. También vinculó el aumento de la violencia con la crisis económica y adelantó que presentarán un proyecto de ley para endurecer las penas por portación de armas de fuego.
“La provincia de Buenos Aires no es un baño de sangre”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien criticó la gestión del gobernador Axel Kicillof en la lucha contra el delito.
“Si así fuera, Argentina no sería el país con menos homicidios en Sudamérica”, sostuvo el funcionario y analizó que se busca instalar un "clima de caos" en el marco de la campaña electoral.
Según precisó, en 2004 se registraron 2.700 homicidios, en 2014 fueron 1.700 y el año pasado 810, lo que representa una baja sostenida en dos décadas. “Este enero tenemos un 10% menos de homicidios que el año pasado”, agregó y denunció que se intenta instalar “una campaña basada en noticias falsas”.
El ministro también consideró que "Kicillof fue el gobernador que más invirtió en seguridad", pese a que la Nación le recortó 750.000 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y vinculó el aumento de la conflictividad social con el impacto del ajuste económico.
“El presidente no puede arrogarse el mérito de haber bajado la inflación sin reconocer que lo hizo con un ajuste brutal en el gasto social y en las transferencias a las provincias”, cuestionó. Alonso advirtió que la pobreza y la indigencia superan el 60% en muchos distritos y que ese contexto influye en el crecimiento de la violencia interpersonal y doméstica. “Pensar que no va a haber una consecuencia social es medio absurdo”, remarcó.
Por otra parte, anunció que la provincia trabaja en un proyecto de ley para endurecer las penas por portación de armas de fuego y agilizar los allanamientos contra el narcotráfico.
“Si un delincuente está con un arma con numeración limada en la calle, ¿para qué la va a usar si no es para matar?”, cuestionó. También apuntó contra la Justicia por las demoras en las investigaciones de narcomenudeo: “Tardamos entre tres y cuatro meses para allanar un búnker de droga porque nos piden pruebas excesivas, cuando con 15 denuncias de vecinos debería ser suficiente”.
