Así lo manifestó Gastón Figueroa, trabajador de la sucursal de Medamax de la localidad de Laferrere, y delegado del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines (Seoca).

A fines del mes de junio el mayorista cerró las puertas de la sucursal de Gregorio de Laferrere, dejando un saldo de 70 empleados sin trabajo, con una antigüedad promedio de 20 años y con la opción a una indemnización del 50%.

Desde la noticia, mantienen un acampe frente al mayorista divididos en varios turnos, para impedir que se termine de vaciar o desmantelar la sucursal.

“Nos despiden para tomar empleados de acuerdo a la nueva ley, sin antigüedad, sin derechos, nueve meses a prueba y que los puedan echar sin pagar indemnización”, denunció Figueroa.

Para Figueroa, el objetivo de la jugada es la precarización laboral porque “a nosotros nos dicen una cosa pero en las demás sucursales pasa otra, los gerentes de esta sucursal siguen trabajando en otra sin problemas”.

Medamax es una empresa perteneciente a la familia De Lucía, con casi treinta años de trayectoria y ocho sucursales en total. Son dos en las provincias de Salta y Tucumán, y las restantes en territorio bonaerense, como José C. Paz, Claypole, Berazategui, San Miguel, Quilmes; además de la que mantiene el conflicto dentro del municipio matancero.

Según marcaron, el último sueldo fue abonado con atraso y debían el aguinaldo, por baja en las ventas.

Además destacaron que se desprendieron de la sucursal de Salta y “nos dijeron que con esa plata saneaban la empresa, se ponían al día y volvían a llenar las góndolas, porque veníamos cada vez con menos mercadería y ahora nos encontramos con esto. Se vendía  menos, es cierto, pero porque había menos mercadería. Y había menos por una decisión de ellos de no comprar”.

“En las últimas semanas nos hizo ruido que salían camiones con entregas, supuestamente para clientes nuevos, pero chequeamos las direcciones y no existían, eran baldíos”, explica Figueroa que llega a la conclusión lógica: “Vaciaron la sucursal”.

“Cuando llegaron los telegramas, apelaban al artículo 247 de nuestro convenio colectivo de trabajo, que refiere a motivos de fuerza mayor, y en ese caso se paga el 50 por ciento de la indemnización por ley, pero no documentaron ni probaron nada”; explica el dirigente que advierte que apunta a la reincorporación, pero que si el desenlace no es el deseado, “que nos indemnicen al 100 por 100, como corresponde”.

La mayoría de los trabajadores cesanteados se encuentran encuadrados en el convenio de comercio, sindicato cuya regional oeste conduce el dirigente local, Julio Rubén Ledesma. El restante grupo responde a Camioneros.