El concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad en el distrito de La Matanza e integrante de la comisión directiva de Suteba, Juan Romero, señaló además que “hay un fuerte ajuste educativo con un recorte presupuestario y con una sub-ejecución bestial por parte del gobierno nacional”.

Por Giuliana Caivano

La iniciativa impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, se basa en un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias, frente a los días de paro o cese de actividades, donde se garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente.

En este sentido, La Libertad Avanza, el Pro y los bloques dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal, votaron a favor mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto de ley.

De acuerdo con dicho proyecto, que ahora deberá tratarse en la Cámara alta, que declara a la educación como servicio esencial y se indica que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de paro o huelga docente y no docente, es decir, restringir al máximo posible la huelga y la protesta.

De este modo, el proyecto de ley busca garantizar el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo y afirma que el incumplimiento de lo previsto será considerado como falta.

En esta línea, Juan Romero, concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad en el distrito de La Matanza e integrante de la comisión directiva de Suteba, manifestó a esta agencia el rechazo de dicho proyecto por tener como fin únicamente, tal como apuntó: “La limitación absoluta de que los docentes tenga la posibilidad de protestar”.

“Desde las bancas del FIT en el Congreso, desde mi banca en el Honorable Concejo Deliberante de la Matanza, como socio concejal, y como yo también soy docente, tenemos una oposición absoluta a esta media sanción que tiene este proyecto de ley, que atrás de un título que se supone que demuestra un interés a favor de la educación, lo que esconde es que simplemente lo que intentan es prohibir el derecho a manifestarse por parte de la docencia, que siempre fue vinculada a la comunidad educativa también”, marcó el edil.

Asimismo, Romero expresó que frente a un contexto en el cual “hay un fuerte ajuste educativo con un recorte presupuestario y con una sub-ejecución bestial por parte del gobierno nacional”.

“El presupuesto destinado a infraestructura escolar solo se ejecutó en un 2,36%, de un presupuesto que era el del año pasado, absolutamente por atrás de las necesidades. Eso es muy nocivo para la educación pública”.

En relación al rechazo que manifiestan al proyecto de ley, el docente detalló que actualmente están llevando adelante una campaña en las escuelas y en los espacios donde puedan concientizar para profundizar el rechazo: “Esperamos que no se apruebe en el Senado, porque la educación tiene que ser un derecho, no un servicio”, señaló.

“El gobierno no va a poder tapar con una ley las tendencias a defender a la educación pública, que son históricas, que son profundas, que involucran a docentes, pero también a la comunidad. Por lo tanto, si el ajuste educativo continúa, por parte del gobierno de Milei y los gobiernos provinciales, por más que voten una ley, los docentes y la comunidad educativa van a seguir movilizándose”.

Por último, el concejal agregó que en el día de ayer, el FIT realizó una audiencia pública en el Congreso Nacional, contra la media sanción que obtuvo la Cámara Baja que declara a la educación como servicio esencial, en la que participaron decenas de sindicatos docentes, también sectores de las comunidades educativas, ya que consideran que los sindicatos tienen un rol fundamental

“En este caso, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), que en la provincia de Buenos Aires representa el 40% del sistema educativo del país, tienen una responsabilidad: convocar a la docencia y a las comunidades a poner en pie un plan de lucha, que incluya paros, pero también mesas redondas y asambleas en las escuelas.

“Es decir, desde nuestro punto de vista no lo están haciendo y estamos bregando para que eso ocurra, y que volvamos a hacer una gran movilización en defensa de la educación pública”, culminó.