La secretaria de la Producción de La Matanza, Dérbora Giorgi, cuestionó uno de los puntos más debatidos en el plenario de comisiones de la ley Bases en el Senado. “Estratosféricos beneficios fiscales, por 30 años, sin exigencias de generar empleo, ni desarrollar proveedores, ni exportar, o transferir tecnología”, marcó la exministra.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) recobró protagonismo esta semana durante el tratamiento de la ley Bases en el Senado, puesto que es uno de los puntos del proyecto más cuestionado por los legisladores y algunos sectores industriales.

En esencia, se trata de un conjunto de normas que buscan incentivar a las empresas extranjeras para que inviertan en la Argentina, a través de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a 30 años para quienes atraigan proyectos superiores a los 200 millones de dólares.

Dentro de los beneficios impositivos, incluye la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 24% para Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU), la devolución acelerada de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un plazo no mayor a tres meses, así como también la posibilidad de pagar el IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.

La exministra de Industria nacional en el Gobierno de Cristina Kirchner, Débora Giorgi, arremetió frente al Incentivo que propone el Gobierno de Javier Milei, marcando que “primariza rematando los recursos naturales. Estratosféricos beneficios fiscales, por 30 años, sin exigencias de generar empleo, ni desarrollar proveedores, ni exportar, o transferir tecnología”.

“Sin fiscalización ni control estatal y con tremenda discrecionalidad para otorgamiento. Estamos a favor de la política industrial, denostamos el desmantelamiento del ex ministerio de desarrollo productivo que ejecuta el actual gobierno”.

Además, el RIGI establece una serie de beneficios impositivos aduaneros, como la extensión de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos y la extensión de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al régimen.

Con todo, se suman beneficios cambiarios que incluye la libre disponibilidad de divisas para exportaciones del 20% el primer año, con un aumento del doble para el segundo año y hasta 100% a partir del tercero.

La secretaria de Producción local además explicó que “somos conscientes y utilizamos como referencia que Brasil, EEUU y UE incentivan sus industrias (Nova Industria Brasil, IRA, Pacto Verde). Es el camino correcto. Pero ninguno de estos países o bloques tiene políticas como el RIGI”.

Esta normativa se aplicaría durante 30 años para garantizarle al inversor una estabilidad impositiva y la seguridad jurídica que, además, establece una garantía de no afectación por normativas más gravosas.

“Es que el RIGI busca acabar la industria local, diluir el incipiente entramado productivo federal existente, concentrar en manos de pocos exorbitantes beneficios a costa del futuro de generaciones. Nada mas opuesto a que los países exitosos ponen en marcha”, cerró Giorgi.