La sociedad con el PRO, una necesidad electoral mutua. El radicalismo, virtualmente partido en tres. Gobernadores, con margen, negocian Presupuesto 2025. Los costos para el Gobierno, que no sale indemne.
El optimismo de la oposición y de la comunidad universitaria que se derramó tras la marcha federal de la semana pasada cayó en saco roto con la victoria que el oficialismo obtuvo en el Congreso, cuando mantuvo casi indemne al “club del veto” y ahondó la crisis en los partidos tradicionales.
El cambio de clima comenzó a palparse tras el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei. El titular del PRO viró de una potencial “libertad de acción” que abonaba el fin de semana a un aval -con críticas a “la gestión”- durante los días siguientes. Desde entonces, los opositores ya no pudieron perforar el techo de 160 voluntades, lo que llevaba al gobierno a necesitar cada vez menos votos para conseguir sus objetivos, cerca de ochenta.
La negociación se centró entonces en la resolución de unos poco a mano a mano, tarea sencilla para La Libertad Avanza (LLA), que ató a los gobernadores dialoguistas a su scrum, ese que anunció en el asado de los “87 héroes” que habían sostenido el veto anterior, el de la reforma jubilatoria.
Por supuesto, el veto golpea la aprobación a Javier Milei. Entre los universitarios reside buena parte de sus votantes. Y si bien se trató de un triunfo parlamentario porque le permite mantener indemne la prioridad fiscal y no mostrar debilidad hacia afuera, en rigor mostró tener poco más de la mitad de los votos que la oposición.
Se abre, además, un esquema de paralización: el Gobierno difícilmente pueda aprobar una ley, y la oposición pierde capacidad de daño. Milei con ese tercio podrá subsistir a las iniciativas opositoras a puro veto y aleja, de paso, cualquier fantasma de que lo puedan jaquear con un juicio político (para impulsarlo se necesita la mayoría calificada de dos tercios).
Inclusive, la Casa Rosada había esgrimido un argumento casi insólito: si el Congreso torcía el veto, estaba en planes ir a la Justicia para buscar allí una solución. Es decir, invalidar dos decisiones del Poder Legislativo en los tribunales. No necesitó, para bien del sistema democrático, llegar hasta allí.