El Gobierno nacional modificó el marco legal para la producción de cáñamo y cannabis medicinal, con mayores restricciones en lo que respecta a los requisitos para inscribirse en el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) y, especialmente, para la emisión de licencias. Estos cambios alcanzan a cultivadores solidarios y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la producción de derivados de la planta. Desde el distrito matancero se impulsa el correcto acceso al cannabis medicinal y apunta contra la ausencia del Estado para cumplir con lo que la ley indica.

Por Giuliana Caivano

Abogado egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, Lucas Aballay, encontró en el derecho administrativo una herramienta para acompañar a los sectores postergados. Hoy, desde La Matanza, impulsa el correcto acceso al cannabis medicinal y apunta contra la ausencia del Estado para cumplir con lo que la ley indica.

Luego de recibirse como abogado, Lucas Aballay comenzó a trabajar en la Administración Pública, ámbito en el que descubrió su vocación por el derecho administrativo.

En este sentido, comenzó por explicar lo que dispone la ley 27.350, que tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

Si bien dicha ley habilita su uso terapéutico en Argentina, los caminos administrativos para acceder al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) se volvieron cada vez más inciertos. “Muchos vecinos y vecinas me empezaron a contactar por la necesidad que tenían de regularizar su situación frente al cannabis”, indicó.

Lucas explicó: “El procedimiento para acceder al cannabis consta de tener una consulta con un profesional médico, el cual indica el tratamiento a seguir, conforme una patología, se completa documentación junto al paciente y se eleva la solicitud al sistema REPROCANN”.

“Actualmente, el Ministerio de Salud está incurriendo en demoras ilegales, arbitrarias e injustificadas para dar respuesta a las solicitudes de inscripción al registro, generando un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica, en el marco de la Ley penal vigente y, sobre todo, vulnerando el derecho a la salud”.

Fue en ese contexto que, gestionó los mecanismos necesarios para colaborar en la Asociación Civil Humboldt Roots, ubicada en el distrito.

El principal objetivo que se plantearon, según relató, fue garantizar que los vecinos y vecinas que necesiten, puedan obtener derivados de cannabis en condiciones seguras.

“No todos saben cultivar o no poseen conocimientos de la normativa. Por eso, además de ayudar con el trámite de inscripción al REPROCANN, desde la organización queremos brindar información, capacitaciones y acompañamiento médico. La asociación civil puede ser un puente real entre la ley y la comunidad”.

Pero los obstáculos son muchos. Las trabas administrativas impiden que organizaciones puedan inscribirse.

“El gobierno quiere lograr que la comunidad cannábica trate de reducirse o trate de frenar sus reclamos y por el contrario, aumentan aún más las ganas de luchar y de seguir asentando el cannabis legal en Argentina”, insistió.

Lucas relató que muchas de las consultas que recibe provienen de familias que conviven con diagnósticos como autismo, ansiedad, trastornos del sueño o cuadros de estrés.

En todos esos casos, el cannabis medicinal aparece como una posible alternativa terapéutica. “Hay una demanda real, pero no existe información clara sobre cómo acceder al registro y aquellos que lo hacen siguen esperando una respuesta, denotando una conducta estatal omisiva que lesiona derechos”.

“La finalidad es tener un marco legal que le permita a cultivadores trabajar de manera ordenada, conforme a la ley vigente, y que la gente pueda efectivizar su derecho a la salud. También quisiéramos brindar charlas, capacitaciones y acercarnos al vecino, que al fin y al cabo, esa es la tarea de una asociación civil que no tiene fines de lucro”, afirmó.

Lucas también se especializó en abogacía del Estado a través de la Procuración del Tesoro de La Nación, y está convencido de que el derecho administrativo no debe quedarse en los libros. “Los actos de la administración pública tienen que tener como norte la dignidad humana”, aseguró.

En esa línea, a partir del próximo 16 de julio dictará un curso sobre Administración Pública en la Universidad Nacional de La Matanza. Será abierto a toda la comunidad, bajo modalidad virtual. “La idea es fomentar y fortalecer la capacitación para los agentes estatales, es pos de un Estado eficiente al servicio de la comunidad, y para cualquier persona interesada en entender cómo funciona el Estado”.

La inscripción está disponible a través de la página del Centro de Capacitación y Negocios de la UNLaM.

Con cada consulta, Lucas apunta a lo mismo: que el Estado deje de ser una barrera y se convierta en puente. “Un poco es hacer el trabajo que no se está haciendo desde el Estado, ese es el rol que tratan de cumplir muchas de las asociaciones civiles”, finalizó.