La expresidenta presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que sostiene que la causa Vialidad violó garantías fundamentales, denuncia una persecución política y reclama medidas cautelares para dejar sin efecto la inhabilitación y modificar las condiciones de su prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner levó su condena en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

A través de una comunicación individual presentada en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ex presidenta denunció que el proceso judicial tuvo como objetivo impedir su participación electoral y reclamó medidas cautelares urgentes, entre ellas la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En la presentación, la defensa sostiene que el juicio por el caso Vialidad constituyó una violación de múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirma que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, mientras que “la condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones” y que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”.