Así lo marcó la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) de la provincia de Buenos Aires, Romina Barrios.

El Gobierno eliminó la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda como parte del plan “Motosierra 2.0”, y trasladó algunas de sus funciones a la Secretaría de Obras Públicas.

El Decreto dispone la supresión de la Secretaría y sus dependientes Subsecretarías de Desarrollo Territorial y de Hábitat y Vivienda. Como parte de la reorganización, la Subsecretaría de Integración Socio-Urbana será transferida a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Según establece el artículo 6 del decreto, la Secretaría de Obras Públicas sumará entre sus objetivos “asistir al Ministro en la formulación, elaboración y ejecución de la política nacional relacionada con obras de infraestructura habitacionales” y “en la formulación, desarrollo y coordinación de políticas de regularización del suelo y dominial”.

Federico Sturzenegger sostuvo que para resolver el problema habitacional del país “la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral”. 

De acuerdo con el ministro, “para resolver el problema de vivienda, por el contrario, lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda. Un proceso que ya comenzó a darse en 2024”. 

A la disolución salió al cruce Romina Barrios, Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) de la provincia de Buenos Aires, quien marcó que el Presidente “sigue desertando de sus responsabilidades como Presidente de todos los argentinos, como demuestra el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda”.

“La tenencia de la vivienda, el acceso al agua potable, así como los servicios sanitarios y a la energía con tarifas accesibles son derechos consagrados en nuestra Constitución. De igual manera, lo son la educación y la salud. El Estado y sus gobernantes deben garantizarlo”, señaló.

“La lucha de comunidades, sindicatos, organizaciones y universidades puso el HÁBITAT en la agenda pública, logrando ministerios, normativas y financiamiento para hacer efectivo ese derecho”.

Además, explicó que “la Secretaría de Hábitat y Vivienda fue parte de ese avance: urbanización de barrios, construcción de hogares, generación de empleo y fortalecimiento de la economía. Su cierre es un retroceso brutal que deja a miles de familias a la deriva”.

“No solo se pierden más de 500 puestos de trabajo. Se desmantela una estructura clave para la planificación territorial y condena a nuestro país a más desigual e injusticia. El Estado se retira y deja todo en manos del mercado”.

“Este ajuste golpea a la industria de la construcción, a los trabajadores y a todos los que quieren un país más justo. No vamos a quedarnos callados. Vamos a seguir luchando, visibilizando y denunciando cada atropello”.

“El Estado no puede desligarse de sus responsabilidades”, e insta a Milei a revertir la decisión.