Se lleva adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria en todo el país, en el marco de una nueva jornada de movilización en defensa de la educación superior pública. En este sentido, la convocatoria surgió en un contexto de fuerte deterioro presupuestario, pérdida del poder adquisitivo docente y un conflicto judicial aún abierto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por Giuliana Caivano

La comunidad de universitarios y sus organizaciones se movilizan nuevamente en todo el país para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición de los salarios y el presupuesto del sector. Hay expectativa por la lectura del documento en el acto central

En ese contexto, dialogamos con docentes de la Universidad Nacional de La Matanza con el objetivo de conocer la situación actual que atraviesan.

Tal es así, que coincidieron en que la situación es cada vez más crítica y alertaron sobre el impacto que el ajuste tiene en el funcionamiento cotidiano de la UNLaM.

Una ley aprobada, vetada y aún sin aplicación

El trasfondo de la protesta está vinculado con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre de 2025. Dicha normativa establece la actualización de los presupuestos universitarios según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el fortalecimiento de las becas estudiantiles.

Si bien fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial, su implementación continúa suspendida. Por tal motivo, el conflicto llegó a la Justicia y actualmente la causa aguarda una definición de la Corte Suprema.

De acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre 2023 y 2025 el gasto real en educación superior cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. El documento también señala que en marzo del corriente año, el salario docente universitario se ubicaba un 25% por debajo de su poder adquisitivo de años anteriores y que el financiamiento por estudiante llegó a un piso histórico.

La recuperación del salario como reclamo central de los docentes de la UNLaM

Al consultarte a una docente de la UNLaM por la principal demanda señaló: “La recuperación de nuestro salario, ya que hemos perdido alrededor del 30% de nuestro poder adquisitivo”.

Otra profesora aportó un dato que pone en el centro la problemática de muchos docentes: “Soy docente con cinco años de antigüedad, dicto 40 horas mensuales de clases presenciales y cobro $220.000 por mes. Casi que solo alcanza para cubrir viáticos”, explicó.

En la misma línea, otro docente de la universidad matancera resumió el panorama asegurando que la situación es insostenible en todo sentido.

Renuncias, sobrecarga laboral y menos recursos

Cabe destacar, que el deterioro salarial no solo impacta en los ingresos, sino también en las condiciones de trabajo y en la calidad educativa. “Muchos docentes no pueden sostener el trabajo y renuncian”, advirtió una de las profesoras para esta Agencia.

Otra docente de la UNLaM explicó que la pérdida del poder adquisitivo obliga a buscar otros empleos, lo que genera “sobrecarga y mucho desgaste”, además de reducir el tiempo disponible para capacitarse en distintas formaciones.

Los testimonios de los docentes son importantes para tener en cuenta qué se pone en juego hoy al hablar de las universidades públicas. En este contexto, un docente sostuvo que “hay menos docentes porque muchos pasan al sector privado o quienes se jubilan no son reemplazados, y los que seguimos estamos saturados de otros trabajos para subsistir”.

“Está en juego la calidad educativa y la continuidad del sistema”

Al consultarles sobre las consecuencias de que este escenario siga igual, los profesores de la Universidad Nacional de La Matanza coincidieron en que el riesgo es profundo y “si la situación no cambia, la calidad educativa está en juego”.

Otra profesora advirtió que lo que peligra es “la continuidad y la calidad de la universidad pública, así como el desarrollo científico y tecnológico del país”.

Más allá del reclamo salarial, los docentes destacaron el rol estratégico de la educación superior gratuita, indicando que “poder acceder a una formación universitaria produce un cambio en el capital simbólico de toda persona que transita esa experiencia”.

“El 80% de sus estudiantes son primera generación de universitarios”, agregó refiriéndose a la UNLaM. En ese sentido, sostuvo que defenderla implica también “defender un proyecto de sociedad más justa e inclusiva”.

Finalmente, un docente sintetizó el sentido más amplio de la movilización: “Además de toda su relevancia específica, que la sociedad conoce, valora y defiende, la lucha universitaria va más allá de la educación superior: es un símbolo de lo que queremos ser como país y un límite al modelo que intenta imponer el actual gobierno”.

Con el panorama actual, miles de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias volvieron a marchar en todo el país para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición urgente de los salarios.

Porque la universidad pública sigue siendo un lugar donde el futuro de millones de estudiantes dice presente en las aulas y todavía hay mucha gente dispuesta a defenderla.